“En otro paso para concretar la licitación de la vía navegable troncal, se conformó un espacio de trabajo con los diversos actores involucrados del sistema que tendrá como objetivo debatir los ejes del desarrollo fluvial y las medidas que considere la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables”, sostiene la disposición 20/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional trabajará con diversos actores para la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

“En otro paso para concretar la licitación de la vía navegable troncal, se conformó un espacio de trabajo con los diversos actores involucrados del sistema que tendrá como objetivo debatir los ejes del desarrollo fluvial y las medidas que considere la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables”, sostiene la disposición 20/2024.

La medida no requerirá fondos del Estado Nacional, ya que trabajará personal técnico y profesional que prestará servicios ad honorem.

Además, la norma detalla que se invitará a diferentes actores y protagonistas del sector, como son representantes de gobiernos provinciales y del sector privado, a participar de los encuentros donde se plasmen medidas para el desarrollo fluvial de la hidrovía.

Estos encuentros de trabajo reemplazarán y eficientizarán el funcionamiento que realizaba el Ecovina, disuelto por el Gobierno Nacional por no generar avances y representar importantes gastos que, este año, habrían significado $195 millones innecesariamente. El primero de ellos se realizará dentro de una semana para avanzar en la licitación de la Vía Navegable Troncal teniendo en cuenta todas las necesidades del sector, señalaron fuentes oficiales. 

Apuntaron que, desde que comenzó la gestión, el Gobierno Nacional logró “importantes medidas” en relación a la licitación de la vía navegable troncal, como fue declarar servicio público el dragado, redragado, balizamiento, mantenimiento, señalización y control de las vías navegables de jurisdicción nacional, remarcando la libre navegación como política de Estado o instruir a la Administración General de Puertos (AGP) a mantener la prestación de servicios hasta que finalice el proceso de adjudicación.