El diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Beltrán Benedit, del partido La Libertad Avanza (LLA), impulsa una modificación de la ley destinada a flexibilizar las restricciones y permitir la venta de tierras afectadas por incendios. Sobre el proyecto para derogar las reformas a la Ley de Manejo del Fuego, promovidas por el kirchnerismo, argumentó que “estas medidas penalizan injustamente a propietarios rurales y socavan el principio de inocencia en casos de incendios”.

En ese sentido, Benedit en su argumentación, destacó que la ley impulsada por Máximo Kirchner presupone intencionalidad en todos los incendios rurales, imponiendo duras restricciones como la prohibición de venta de propiedades afectadas por hasta 60 años. Según el legislador mileista, esta medida no solo carece de fundamentos sólidos sobre las causas de los incendios, sino que también atenta contra los derechos de los propietarios afectados.

La Ley 27.604, promulgada el 24 de diciembre de 2020, fue objeto de fuertes críticas por parte del sector agropecuario. Según los críticos, estas medidas fueron concebidas para evitar especulaciones inmobiliarias, pero fueron calificadas como “ideológicas y legalmente cuestionables” por legisladores como Benedit.

En tanto, Benedit acompañado por otros catorce diputados opositores, entre otros, Atilio Benedetti, presidente de la comisión de Agricultura, lideraron la presentación de un proyecto para derogar la norma.

 El proyecto de derogación busca restaurar las condiciones anteriores a la Ley 27.604
Esta medida, según Benedit, es crucial para garantizar la libertad de uso de la tierra y promover una gestión más flexible y efectiva de los recursos naturales en la Argentina. El presidente Javier Milei también expresó su intención de modificar esta normativa durante su anuncio por cadena nacional en diciembre pasado, al presentar el mega decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70.

En este contexto, la Ley 27.604 estableció prohibiciones específicas que afectan a diversas categorías de terrenos, incluidos bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales. Estas restricciones, destinadas a facilitar la restauración de superficies incendiadas, fueron duramente criticadas por su impacto en la actividad agropecuaria y en la economía rural, sectores que dependen de la flexibilidad para adaptar el uso de la tierra a las necesidades cambiantes.

Además, Benedit subrayó que la legislación vigente no logró prevenir grandes incendios, citando incidentes recientes como los ocurridos en la provincia de Corrientes en febrero de 2022 y en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en febrero de 2024, como “ejemplos de la ineficacia de la normativa para cumplir sus objetivos declarados”. Según el diputado, “estos eventos refutan la idea de que los incendios son frecuentemente provocados con fines inmobiliarios o especulativos”.

Por consiguiente, según el diputado de LLA, cumplir con estas restricciones implica abandonar los campos y sacarlos de la producción, afectando severamente a los propietarios rurales que dependen de la actividad agrícola y ganadera para su sustento.

Además, señaló que la normativa actual penaliza injustamente a los propietarios de tierras afectadas por incendios, sin distinguir entre incendios accidentales y provocados, y excede las competencias constitucionales del Congreso al limitar las facultades provinciales en la gestión del uso del territorio.