Por Patricia Blanco

Arrumbado en una silla, con los hombros encogidos y los flashes apuntando, José Alperovich fue condenado a 16 años de de prisión por el abuso sexual de su sobrina, quien trabajaba bajo sus órdenes cuando era senador. El juez Juan Ramos Padilla ordenó que fuera inmediatamente detenido y enviado a una prisión. También se ordenó investigar por falso testimonio a tres de las personas que declararon en el juicio.

El tres veces gobernador de Tucumán escuchó la sentencia con los ojos cerrados, la cabeza gacha y las manos apretadas: el juez terminaba de decir que era el responsable de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, dos hechos en grado de tentativa y otros seis hechos con acceso carnal, mediando intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad.

“Proceda señor comisario”, dijo el juez. Alperovich no dirigió a nadie su mirada. Se paró, se puso el sobretodo mientras sus hijos lo abrazaban y despedían. Los periodistas le preguntaron si tenía algo para decir. Pero no dijo nada.

El debate oral y público contra el ex gobernador de Tucumán comenzó el pasado 5 de febrero, donde se lo juzgó por un total de nueve delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal. Se llevaron a cabo 15 audiencias y participaron casi 70 testigos y peritos. Este martes Alperovich se negó a decir sus últimas palabras antes del veredicto y el juez Juan Martín Ramos Padilla fijó para las 20 de hoy, luego de un cuarto intermedio.

Sin embargo, al inicio del juicio se defendió: “Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos... Quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas”. Siempre estuvo acompañado por sus hijos.

La víctima, 35 años menor que el condenado, además de ser su sobrina, trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019. Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.

Entre los testigos que fueron convocados por la Justicia asistieron distintos familiares de la denunciante, como sus padres y su abuela. También amigas y ex compañeros de trabajo. Todos se dieron cuenta de su notorio deterioro físico, psíquico y emocional durante la época en que F.L. trabajó para el entonces senador nacional.

Por otro lado, tres testigos estuvieron a punto de ir presos por pedido de la fiscalía por ser reticentes o cometer falso testimonio. Manuel Frías, que trabajó como mozo para el dirigente; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes que también tuvo una relación sentimental con Sara, hija del acusado, y David Cayatta, exchofer del exmandatario provincial. Sobre ellos, el juez decidió esperar el momento de la sentencia.

Según los denunciantes, los “accesos”, “tocamientos” y “situaciones indecorosas” ocurrieron en uno los departamentos del acusado en Puerto Madero; en su auto personal mientras viajaban a realizar visitas al interior de Tucumán en el marco de una campaña proselitista para competir contra Juan Manzur por la gobernación en 2019; en el búnker de Alperovich de la calle Martín Fierro de la capital provincial y en dos quintas de la localidad de Yerba Buena.

A lo largo de las audiencias, Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, integrantes de la querella, denunciaron: “José Jorge Alperovich es el autor de todos los hechos (...), que ocurrieron en diferentes domicilios ubicados tanto en esta ciudad como en San Miguel de Tucumán y en el vehículo de Alperovich. Para cometerlos, el imputado se valió de su enorme poder que detentaba a nivel laboral, familiar y político en toda la provincia. Él había sido elegido tres veces gobernador y era, para la época de los hechos, senador nacional y asesor ad honorem para la provincia”.

En sintonía, el representante del Ministerio Público, Sandro Abraldes, expresó: “Este juicio es un juicio de la impunidad del poder”, y precisó: “José Alperovich estuvo siempre ubicado arriba, en una posición de poder amplio, y F.L. muy por debajo, en un área de sometimiento. Según sostuvo, el acusado, cuando vio a la denunciante (por primera vez, en un evento político), decidió que debía sumarla a su equipo porque su belleza física le provocó un gran impacto. No la quería para trabajar con él, la quería para la cama”.

Del otro lado, la defensa rechazó la existencia de todos los hechos y abonó la teoría de una “causa armada”. Para eso, deslizó sospechas respecto de la financiación de los pasacalles que salieron a la luz un día después de la carta que publicó la denunciante en noviembre de 2019 acusando de abuso a su tío segundo. Esos carteles, dijo, se vieron en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán y vinculaban al imputado con el actor Juan Darthés. En ese marco apuntó contra el actual diputado nacional Carlos Cisneros, reconocido adversario político del ex gobernador en su provincia.

Al respecto, la querella respondió: “Alperovich dijo que todo esto es una gran mentira, que él no hizo nada de lo que se lo acusa, que se trata incluso de una denuncia falsa enmarcada en una campaña sucia preparada por -el diputado nacional- Carlos Cisneros, supuesto enemigo suyo toda la vida, y por -el exconcejal de San Miguel de Tucumán y expareja de la presunta damnificada- David Mizrahi. (...) Nada de esto resulta creíble ni verosímil: no tiene ningún sentido”.