El interventor de la agencia de noticias se comunicó con los titulares de cada área para que articulen propuestas relacionadas con el cierre operativo de las sedes de la empresa

El Gobierno nacional solicitó el cierre de las corresponsalías que la agencia de noticias Télam tiene en varios puntos del país, dos meses después de que el Ejecutivo pusiera fin al servicio informativo y pasara a disponibilidad a la totalidad de su planta.

El Ejecutivo hizo oficial el pedido a través de la presentación de un Memorándum dirigido a las autoridades de las distintas áreas de la empresa del Estado, tales como Walter Silva, Valeria Posadas, Carlos Avaca, Maximiliano García y Carlos Digiano. El documento lleva la firma de Diego Martín Chaher, interventor de la agencia de noticias.

 “Se instruye a las áreas correspondientes de la empresa para que, dentro del ámbito de sus competencias, articulen propuestas de plan de acción para dar inicio a la ejecución tendiente al cierre operativo de las corresponsalías de la empresa”, asegura el escrito.

Estas sedes se encuentran en las ciudades de Resistencia, Chaco; Bahía Blanca y La Plata; provincia de Buenos Aires; Paraná, Entre Ríos; Santa Rosa, La Pampa; Posadas, Misiones; Viedma, Río Negro; Salta, Salta; Santa Fe y Rosario, Santa Fe; Ciudad de Córdoba, Córdoba; Corrientes, en su provincia homónima; y en Mendoza Capital, Mendoza.

“A tal fin, deberán preverse las acciones necesarias tendientes a inventariar y poner a resguardo patrimonial los bienes pertenecientes a la empresa, y asegurar la restitución de los bienes personales a los empleados ya desvinculados y aquellos dispensados del débito laboral con goce de haberes”, agrega el escrito.

En ese sentido, el documento indica que “deberá procederse a la rescisión de los contratos de locación en el caso de las corresponsalías cuyo inmueble conserve a la fecha contrato de locación vigente”.

El Gobierno inició este proceso hace dos meses. El pasado 4 de marzo, la sede de Télam, ubicada en la calle Bolívar de la Ciudad de Buenos Aires, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar.

 Los trabajadores organizaron una medida de lucha en reclamo de la decisión del Gobierno (Adrián Escandar)
En simultáneo, el sitio dejó de funcionar y el Ejecutivo licenció a los empleados por el plazo de una semana. Días antes de esa acción, el presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso y, en su discurso, anunció que procederá con el cierre de la Agencia. “Vamos a cerrarla porque ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”, aseguró.

Su anuncio causó muchas repercusiones, principalmente por parte de quienes trabajan en la empresa estatal. Ese mismo viernes, desde la agencia publicaron un cable que hacía hincapié en los dichos del Presidente. “Télam es la única agencia del país con red de corresponsales en todas las provincias argentinas y tiene múltiples convenios de cooperación con agencias internacionales que posibilitan producir y proveer información de primera mano de los sucesos acontecidos en el mundo para diversos medios de comunicación, empresas, organismos e instituciones”, precisaron.

Una semana después, el Gobierno nacional renovó la licencia por otros siete días e implementó un programa de retiros voluntarios para todo el personal, tanto para empleados que estén en planta permanente como para contratados.

“En el marco de un proceso de reestructuración del Estado iniciado por el Presidente de la Nación, se anuncia la implementación del programa de Retiro Voluntario, por treinta (30) días, para todo el personal, de planta y contratado a plazo fijo, de Télam S.E, en los términos del archivo que se adjunta al pie de la presente comunicación”, decía el comunicado difundido en ese momento.

Télam fue creada hace 78 años. Es la agencia de noticias más grande del país y cuenta con 700 empleados que producen alrededor de 500 artículos por día para su difusión. En paralelo, el Gobierno intenta allanar el camino para privatizar Radio y Televisión Argentina, que integra la lista incluida dentro de la Ley Bases de empresas nacionales que podrían ser vendidas al sector privado. El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en el Senado.