Tras recibir a los gobernadores en la Casa Rosada, el Gobierno nacional redujo a trece la lista de empresas del Estado que pretende privatizar y presentará, una vez más, ante el Congreso. En el proyecto original de la Ley Ómnibus la lista de privatizaciones incluía 41 sociedades del Estado, pero en enero habían sido reducidas a 36.
 
El Ejecutivo, que encabeza Javier Milei, realizó un importante giro en sus pretensiones de privatización tras el encuentro que tuvieron el jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse; y el ministro del Interior, Guillermo Francos; con los mandatarios provinciales el último viernes y redujo drásticamente la cantidad de empresas que prevé vender al mejor postor. En la nómina, sin embargo, todavía se encuentran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ex Enarsa), Radio y Televisión Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo, entre otras.
 
Según publicó el sitio TN.com.ar, en el listado se enumeran como sujetas a un esquema de empresa mixta a Nucleoeléctrica Argentina –que administra las represas Embalse, Atucha I y Atucha II–, el Banco Nación, junto a todas las empresas del grupo Nación; y la Empresa Argentina de Soluciones Satélitales (ARSAT). Con posibilidad de concesión, por su parte, quedaron Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales.

Entre las que quedaron fuera de la lista de las empresas a ser privatizadas, finalmente, están Administración General de Puertos, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA), Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes y Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (Tandanor). Lo mismo aplica para Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Ferrocarriles Argentinos, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Educ.ar y Télam, que el Gobierno intentará cerrar.
 
La nueva lista es parte de las negociaciones que el Ejecutivo comenzó con los gobernadores, en un intento por avanzar en una larga lista de transformaciones políticas, económicas y sociales que La Libertad Avanza (LLA) considera necesarias.

El rechazo de la Ley Ómnibus generó un fuerte cimbronazo en el Gobierno, que decidió reducir sus pretensiones y el último viernes sentó a los mandatarios a la mesa para discutir cambios en aquel proyecto. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ya había sufrido, sin embargo, fuertes recortes: en diciembre el proyecto contaba con más de 600 artículos, en febrero cayó a la mitad y hoy cuenta con 190.

El esquema de privatizaciones es uno de los puntos que el Gobierno quiere mantener, junto con la declaración de emergencia, las facultades delegadas y las desregulaciones hidrocarburíferas y mineras.

Lo que traba la negociación, sin embargo, es la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Los que más se oponen son los peronistas y los patagónicos, que están representados por el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. La estrategia del Gobierno es, sin embargo, seguir insistiendo por esa vía para la recomposición de los fondos que significarían 6.000 millones de dólares (1,4% del PBI) para las provincias, puesto que no están dispuestos a coparticipar el impuesto PAIS.