Por Daniel Salazar Castellanos
El proyecto de ley para regular el uso adulto del cannabis afronta una nueva prueba de fuego en la Comisión Primera del Senado, en donde será votado este martes para definir si seguirá su camino para poder convertirse en ley en Colombia, país con cerca de 1,5 millones de consumidores.
La iniciativa deberá pasar el séptimo de ocho debates del acto legislativo y luego se encaminaría para su aprobación definitiva, aunque primero deberá sobrepasar los últimos obstáculos.
Con la posible aprobación de este proyecto se reformaría el artículo 49 de la Constitución colombiana y con ello regular la comercialización.
En Colombia, el consumo adulto es legal, así como el cultivo de hasta 20 plantas, pero la cadena de la comercialización presenta vacíos.
Los autores del proyecto defienden que el consumo tendrá restricciones en espacios donde puedan verse afectados los menores de edad, como los colegios.
Además, se espera que haya un mejor control sobre la calidad de los productos que se consumen y principalmente quitarle el control del negocio a las bandas ilegales.
“El monopolio ilegal es con la lógica de las armas. Y por eso en las zonas de cultivos ilícitos la guerra es por ese mercado”, advirtió en la Comisión Primera el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Según el funcionario, el Estado puede convertir ese monopolio para generar vida y salud.
En Colombia, ya están regulados los usos medicinales e industriales, pero el de uso adulto o recreativo ha encontrado una férrea oposición en las alas más conservadoras del Congreso.
El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, coordinador de la Comisión Accidental de Evaluación y Seguimiento a la Nueva Política de Drogas en Colombia, destacó que si es aprobado en Comisión Primera el proyecto estaría a tan solo un debate en la Plenaria del Senado para ser aprobado definitivamente por el Congreso de la República.
De acuerdo a cifras del portal alemán de estadísticas Statista, el gasto globlal en cannabis legal podría superar los US$33.000 millones en 2025.
En 2020 calculaba que el gasto era de US$13.400 millones, luego saltó a US$16.500 millones en 2021 y en el 2022 a US$22.000 millones.
Para este año las proyecciones apuntan a que el gasto llegaría a US$26.300 millones y en 2024 de US$30.300 millones.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado una nueva política antidrogas ante el supuesto fracaso de la actual.
Precisamente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se plantea modificar la legislación vigente en producción y comercialización del cannabis.
Además, se busca implementar el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, medidas para la inclusión social y productiva, entre otros.
Cannanis en ColombiaLa iniciativa pasó el séptimo de ocho debates del acto legislativo y se encamina para su aprobación definitiva, aunque primero deberá sobrepasar los últimos obstáculos.(Bloomberg/Eduardo Leal)
De otra parte, también se plantea modificar la legislación vigente frente a la regulación de los usos alternativos de la planta de coca e impulsar el procesamiento lícito de cultivos para la obtención de productos comerciales.
“Se pondrá en marcha una nueva política de drogas sustentada en un cambio cultural para dejar atrás el prohibicionismo como paradigma dominante, implementando estrategias que atiendan las causas estructurales del fenómeno, promoviendo la regulación, los usos alternativos de la hoja de coca, amapola y cannabis, y el desarrollo productivo de los territorios”, dice el documento.
De convertirse en ley esta iniciativa, Colombia se sumaría países como Uruguay, en donde el consumo adulto de cannabis es legal desde 2013, marcando la ruta para que más Gobiernos tomaran esa decisión.
En México, la Suprema Corte de Justicia declaró en 2021 como inconstitucional la prohibición del consumo de cannabis con fines lúdicos incluida en la Ley General de Salud.
En el mundo, países como Canadá y varios estados de EE.UU. también tienen normativas que permiten el consumo de cannabis.
En 2001, Portugal implementó una ley que despenalizó el consumo de todas las drogas, incluyendo el cannabis.
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