El gobierno nacional analiza la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de alquileres

La legislación, sancionada el 11 de junio de 2020, fue resistida desde su aprobación por el mercado inmobiliario. Como respuesta a la medida, el sector redujo la oferta de inmuebles y llevó adelante distintas estrategias contractuales para sortear las nuevas condiciones.

Entre los puntos más resistidos por los dueños de inmuebles y cámaras inmobiliarias se encuentra la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años; la forma de actualización anual del valor de los alquileres; la aplicación de un índice para establecer esos aumentos; y la obligación de que el depósito de garantía que deben abonar los inquilinos no deba ser mayor al monto equivalente a un mes de alquiler.

Algunas de las estrategias para saltear el cumplimiento de la norma fue comenzar a ofrecer los alquileres en dólares, a partir de febrero de 2022, o pasar los contratos a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

El problema se agudiza con el contexto inflacionario. Ya que los propietarios que ofertan su inmueble nuevamente en el mercado, tras la finalización de un contrato, deciden pedir un monto mensual muy elevado como defensa ante la evolución de la inflación.

A tono con los reclamos del mercado inmobiliario, en junio pasado se debatieron nuevos proyectos de ley en el Congreso. Desde la oposición, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas plantearon volver al plazo de los contratos por dos años; que la actualización de los valores sea pactada entre las partes, con la posibilidad de que sea cada tres meses; y que los propietarios puedan pedir hasta 6 meses de alquiler por adelantado.

Resistencia de inquilinos
“El dictamen de Juntos por el Cambio es una ley redactada por el mercado inmobiliario para defender sus intereses y para que nosotros una vez más volvamos atrás en una pelea que es justa y que no vamos abandonar”, señaló por aquellos días Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

Hasta fines de junio de 2020, antes de ser promulgada la ley de alquileres , el precio se definía cuando se firmaba el contrato, y ese monto total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y, en general, se pactaba con subas semestrales.

“Si la ley se suspende, no habrá marco regulatorio. Es decir, se podrán firmar contratos por uno mes o dos meses, con aumentos mensuales, cobrando de depósito lo que quieran”, sostuvo en declaraciones a La Capital el referente de la Asociación Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la delegación santafesina de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), Sebastián Artola, para insistir en que “suspender la ley no es la solución a la realidad que padecen los inquilinos, por el contrario, provocaría un vacío legal que agravará la ya difícil situación que se atraviesa”.

Para Artola, el problema para los inquilinos es claro y contundente a la hora de desembolsar esa cantidad de dinero en medio de un contexto de inflación altísima e ingresos magros,

“El mercado se concentra cada vez más, está dolarizado y piensa la vivienda como negocio, sin ningún tipo de control y regulación por parte del Estado, se vuelve inaccesible la vivienda en nuestro país”, apuntó.

"En vez de discutir cómo regular el precio de los alquileres, qué hacer con la cantidad creciente de vivienda vacías o cómo avanzar hacia una política integral de vivienda que proteja a los inquilinos, como se está haciendo en las principales ciudades del mundo, se pretende dejar todo en manos del mercado, para que hagan lo que quieran y que los inquilinos se las arreglen como puedan o terminen en la calle”, planteó.