La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, firmaron este miércoles convenios con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. El objetivo de dichas rúbricas es potenciar la capacidad de respuesta de la cartera de Seguridad santafesina a la hora de prevenir los delitos cometidos en la provincia y acordaron establecer acciones conjuntas y coordinadas en materia de lavado de activos.

 Durante el encuentro, los funcionarios nacionales y provinciales firmaron tres acuerdos que permitirán articular e implementar medidas concretas en el ámbito de justicia y seguridad. Los mismos buscan potenciar y fortalecer la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad santafesinas a la hora de prevenir y perseguir los delitos cometidos en el territorio de Santa Fe, como también implementar las políticas nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma conjunta con la provincia.

En ese marco, Arena destacó que “es sumamente trascendente para la provincia y un apoyo muy importante desde el Ministerio de Justicia. La provincia de Santa Fe hoy tiene una situación en la que se está avanzando respecto al combate a la narcocriminalidad y a delitos complejos, así que esta colaboración es sumamente trascendente para la provincia”.

Por su parte, Soria afirmó que “desde el gobierno nacional entendemos que la única manera de combatir al crimen organizado es a través de la articulación integral del Estado Nacional y las provincias. Los acuerdos que hoy estamos firmando son un paso más, nuevas medidas dentro de una serie de medidas que venimos implementando, para perseguir y prevenir el crimen organizado”.

En esta línea, el ministro destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de abrir la primera delegación de la UIF para la Región Central en Rosario y el trabajo que se lleva adelante desde el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado, a cargo del Ministerio de Justicia, que permitió dotar al Estado argentino de una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas por unanimidad por los 14 organismos especializados de los distintos poderes del Estado.