El ex integrante de la Cámara Federal que condenó a represores de la dictadura pasó de patrocinar a Santa Fe en el juicio contra la Nación a ser el defensor de Vicentin.

El diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) denunció ayer el “doble juego” del abogado y ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien en 2007 patrocinó a Santa Fe en el juicio contra la Nación por la deuda histórica, tiene pendientes honorarios millonarios a cobrar por ese pleito y esta semana se convirtió en el nuevo apoderado del grupo Vicentin que a su vez le debe a la provincia millones de pesos por impuestos en mora. “Esto es más que una contradicción”, dijo el legislador. “Defender los derechos del pueblo santafesino supone también denunciar este doble juego de Gil Lavedra”.

Del Frade alertó sobre las últimas operaciones de Vicentin, como llamó a la “amenaza con la caída” de 7.000 puestos de trabajos directos e indirectos, si se le termina la “zona liberada” en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, donde el juez Fabián Lorenzini tramita el concurso de acreedores. El riesgo es que la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe pueda remover el magistrado del proceso. “El directorio de Vicentin, que tiene 17 integrantes en libertad porque pagaron 10 millones de dólares en caución, amenaza con la caída de las fuentes laborales como consecuencia del final de la zona liberada que tenía en la Justicia Civil y Comercial de Reconquista. Una repetida forma de extorsión social típica de las grandes patronales”, la calificó.

Vicentin ya tenía entre sus defensores, al ex embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri, Diego Guelar, quien fue uno de los voceros de la empresa –junto con su presidente, Omar Scarel- en una audiencia ante la Comisión de Seguimiento de la Legislatura, en diciembre de 2020. La entrevista la pidió el propio Scarel. Y después del diálogo, los empresarios se fueron de la Cámara de Diputados sin responder la gran pregunta: dónde están los 300 millones de dólares que el Banco Nación le prestó al grupo en la época de Macri.

“Ahora, Vicentin contrató a Gil Lavedra, un histórico integrante de la Cámara Federal que condenó a los genocidas del terrorismo de estado”, entre ellos los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. “Curiosa parábola del abogado: de defensor de los sobrevivientes de la dictadura de las desapariciones, ahora es el apoderado de los que deben ser juzgados por desaparecedores y fugadores”, ironizó Del Frade.

Acerca de la “relación” del apoderado de Vicentin con la dictadura, Del Frade publicó en sus redes una copia de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de agosto de 1976 que designó a Gil Lavedra “secretario letrado” en la Procuración General de la Nación. La firman el entonces presidente de la Corte de la dictadura, Horacio Heredia y sus colegas Horacio Gabrielli, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada y Abelardo Rossi.

“Una más del nuevo defensor de los intereses de Vicentin”, siguió Del Frade. “Gil Lavedra quiere cobrarle mucho dinero al Estado santafesino” porque en 2007 durante el gobierno de Hermes Binner patrocinó a la provincia en el juicio contra la Nación por la deuda histórica. “Y hoy, al mismo tiempo, defiende al consorcio que le debe millones de pesos al propio Estado santafesino. Eso es mucho más que una contradicción. Defender los derechos del pueblo santafesino supone también denunciar este doble juego del doctor Gil Lavedra”.

El viernes pasado, Del Frade presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos de Rosario –con el patrocinio del abogado Guillermo Campana- para que se investiguen “las operaciones del grupo Glencore Viterra a partir de la empresa Renova en los últimos tres años, que están directamente vinculadas a maniobras irregulares del consorcio Vicentin”.

“Las maniobras giran sobre Renova, una de las 33 empresas del consorcio, que está valuada en 851 millones de dólares. Nuestro trabajo apunta a recuperar Vicentin como principal exportadora argentina bajo una figura de empresa mixta con mayoría estatal, recuperar los 791 millones de dólares fugados, defender las fuentes laborales y recuperar el control del comercio exterior de granos a favor del pueblo”, apuntó.

Hoy, “más que nunca es imprescindible” que los gobiernos del presidente Alberto Fernández y del gobernador Omar Perotti “se jueguen a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Los juegos de los supuestos tronos de estas democracias de baja intensidad siempre los terminan pagando los sectores populares”.