Entre los firmantes figuran la Bolsa de Comercio y la Asociación Empresaria de Rosario, la Federación Industrial de Santa Fe, Cámara Argentina de la Construcción y universidades

Entidades empresariales y gremiales, además de universidades solicitaron a los distintos poderes del Estado soluciones urgentes en materia de seguridad. El reclamo se debe a los niveles de inseguridad y violencia que se viven en Rosario y que, según destaca el comunicado emitido “no responden a un problema sólo de índole local, sino que es consecuencia de un delito federal, precisamente el narcotráfico y el crimen organizado”.

“Las instituciones firmantes celebran la reunión acontecida entre el presidente de la Nación Alberto Fernández, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, y esperamos se cumpla con lo comprometido”, remarcan los firmantes.

A su vez, consideraron que el estado de necesidad pública que se atraviesa es “elocuente” y requiere de la actuación de los tres Poderes del Estado sin dilaciones”, para disponer los recursos necesarios conducentes a fortalecer la presencia federal en toda su dimensión. Entre los puntos a trabajar marcaron:

Mayor despliegue de fuerzas federales en la provincia y en especial en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Una justicia federal con una estructura adaptada a la dimensión de la problemática, con nuevos juzgados y fiscalías para darle mayor operatividad y celeridad a la investigación, acusación y juzgamiento de los delitos vinculados a la criminalidad organizada incluyendo el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Mayores recursos penitenciarios y controles en las cárceles federales para que desde allí no se sigan comandando hechos delictivos, cumpliendo su rol primario de resocialización de las personas privadas de su libertad.

Además, las entidades e instituciones remarcaron que “es necesario avanzar en materia de tecnología y recursos a la provincia para poder avanzar más rápido que el delito”. En este sentido, hicieron hincapié en que el poder legislativo nacional debe comprender que el problema de la inseguridad y violencia en Rosario, “no es un problema local, es un problema nacional que pone en riesgo a toda la Argentina”.

“Solicitamos al poder judicial ser sumamente responsables en la toma de decisiones y sentencias, como también celeridad en las investigaciones. Esperamos que el poder ejecutivo en los distintos niveles se haga cargo de lo que le corresponde para trabajar de manera coordinada”, indica el comunicado.

De esta forma, los firmantes “demandan un trabajo mancomunado” para combatir la pobreza y marginación y dar respuesta urgente a problemas estructurales que profundizan procesos de exclusión. “Estamos convencidos que en esta problemática no puede haber grietas, todos debemos trabajar juntos en un mismo objetivo. Por eso, como instituciones nos ponemos a disposición para aportar y colaborar en lo que podamos ser de utilidad”, concluyeron.