Con orden del juez Nuñez Cartelle y la participación de los fiscales Edery, Schiappa Pietra y Carizza, se allanó la sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal, dentro de la sede de la Unidad Regional II.
Se solicitó la intervención para correr a los encargados del área "e investigar qué sucedió para que las pistolas secuestradas vuelvan a manos de criminales", informó el MPA. El mes pasado se descubrió una situación similar.
Al final de una semana agitada para la tropa policial, la ciudad se sorprendió este viernes con una noticia: estaban allanando la Oficina de Balística de la Agencia de Investigación Criminal, en la Unidad Regional II. ¿El motivo? Se había verificado que parte de las armas encontradas esta semana en un allanamiento que se hizo en un aguantadero en Empalme Graneros, eran pistolas que deberían haber estado bajo custodia de esa dependencia.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó intervención de un juez y así se decidió el procedimiento, con la firma de los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y David Carizza, más la de un magistrado: Héctor Nuñez Cartelle.
La investigación fue iniciada por Carizza y determinó que varias de las 11 armas de fuego que habían sido secuestradas en Garzón al 900 bis, en la zona de Empalme Graneros, habían salido de Balística, una oficina situada dentro de la Jefatura de la URII, en Ovidio Lagos al 5200.
En criollo: pistolas que la policía había ido encontrando y secuestrando en allanamientos a bandas criminales, que habían quedado bajo la guarda de la AIC, estaban en el aguantadero.
Por esto "se dispuso el resguardo y cautela de todos los elementos, armas y municiones que se encuentren en la sección Balística y realizar relevamiento de los mismos. Además, se solicitó la intervención para correr a sus encargados e investigar qué sucedió para que las pistolas lleguen a manos de criminales", informó Fiscalía.
Es la segunda vez que una situación así se descubre en poco tiempo. A principios de marzo, saltó lo mismo con armas que debían estar bajo custodia de la Oficina de Gestión Judicial. Eran cuatro pistolas semi automáticas que estaban secuestradas como elemento de prueba en un juicio por homicidio. Advirtieron la falta tres meses después, cuando una apareció en poder de delincuentes.
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